Los foros del Diario Vasco han estado muy animados estos días. Allí planteé la posibilidad de que se formase un gobierno de concentración en Vitoria hasta que desaparezca ETA. Suena tremendista, pero...
Supongo que con un poco de calma y distanciamiento a nadie se le escapa que la situación del País Vasco es completamente anormal. No hay otra región en el mundo que goce de tal nivel de autogobierno y tal nivel de vida, de comodidad material, que a la vez albergue un movimiento terrorista clandestino.
Por abreviar, dejemos a un lado de momento la cuestión de la nacionalidad vasca, su relación respecto del Estado y otros deseos, y centrémonos en la realidad. El ciudadano vasco, por lo que se entiende la persona residente en el País Vasco independientemente de su origen, lengua, raza, condición, etc., vive, en principio, en unas condiciones reales y actuales de Estado de derecho. Hay un sistema jurídico y legal, un nivel de libertad de prensa, de libertad educativa, de libertad de expresión que son, con sus defectos y todo, comparables al de cualquier sociedad occidental.
Desde ese punto de vista el mayor problema en la vida cotidiana en el País Vasco es ETA.
El motivo es que ETA condiciona toda la vida cotidiana del País Vasco. En una sociedad normal, según el modelo occidental al menos, uno puede disentir sobre cualquier cosa sin necesidad de recurrir a la violencia. Los debates políticos y sociales pueden ser todo lo intensos que se quiera, pero la intimidación a causa de la violencia, implícita contra los que no estamos de acuerdo con los planteamientos del nacionalismo, los corrompe y los invalida.
Sé que a muchos nacionalistas les incomoda oír esto, a algunos hasta les duele, pero a nadie se le escapa que hay cierto solapamiento entre los objetivos políticos de ETA y su entorno, y el partido que gobierna desde Vitoria desde hace casi 30 años. En ese aspecto el País Vasco también es extraordinario: cabría esperar que el partido del gobierno de una región y el movimiento terrorista clandestino de esa misma región tuvieran visiones políticas radicalmente opuestas. Al contrario: si nos ceñimos a cuestiones como la territorialidad o la independencia, sin tener líneas políticas idénticas, a largo plazo sus objetivos son, como mínimo, compatibles.
La cuestión es en qué medida dejan de ser legítimos los deseos políticos del nacionalismo democrático por culpa de ETA. El militante nacionalista podrá aducir que qué culpa tiene él de que exista ETA, que no tiene por qué cambiar de ideales por ETA o, como se ha argumentado en ocasiones, la respuesta "democrática" ante ETA es comportarse con normalidad, como si no estuviera. Pero el hecho es que está. Y resulta imposible legitimar unas aspiraciones políticas de la magnitud de una independencia o una variación de la territorialidad actual, cuando en el mismo bando hay gente blandiendo armas, matando y extorsionando.
El futuro del País Vasco se puede desdoblar en dos aspectos: uno, que el Gobierno de Vitoria tendrá más o menos competencias, y mandará sobre más o menos territorio; y dos, que sus ciudadanos gozarán de un determinado nivel de libertad real a la hora de desarrollar sus vidas. Es evidente que para un individuo la prioridad debería ser el régimen del libertad que disfrute, independientemente de cómo estén repartidas las competencias entre las diversas Administraciones (local, provincial, autonómica, estatal y europea), y por culpa de ETA ahora ese régimen de libertades se debilita día a día. Al simpatizante nacionalista le toca preguntarse en qué condiciones quiere que llegue su sociedad a las puertas de la independencia (o cualquiera que sea su ideal).
Por eso creo que debería constituirse un Gobierno de concentración en Vitoria hasta que desaparezca ETA. Sería una señal clara de que con armas no se llega a ningún lado. Una señal también de que los partidos que representan a la inmensa mayoría de la sociedad vasca tienen en común la idea fundamental e innegociable de que lo primero que se quiere para sus ciudadanos es una sociedad, abierta, libre y democrática, independientemente del estatus jurídico o político que tenga en el futuro.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de Irlanda del Norte en el País Vasco, generalmente de forma sesgada. El Gobierno de esa región es, a todos los efectos, un Gobierno de concentración. Las reglas se han diseñado de forma que hay partidos protestantes y católicos en el Gobierno. Pero aun más importante es una condición que se ha cumplido allí, y que debería tenerse muy presente a la hora de hacer comparaciones: cuando se establecieron las instituciones del Gobierno de Stormont en el Acuerdo de Viernes Santo, fue con la condición de que se suspenderían si una comisión independiente, constituida en virtud de dicho Acuerdo y bajo la dirección de un General canadiense, consideraba que las organizaciones terroristas no se habían desarmado.
Dichas instituciones estuvieron suspendidas cuatro años, entre 2002 y 2006, y el actual gobierno se formó tras el anuncio del Ministro británico para la región en aquel momento, de que se iban a suspender los sueldos de los miembros del Gobierno y la Asamblea de la región.
¿Se imagina alguien hacer lo mismo en Vitoria?
En el País Vasco disfruta del mayor nivel de autogobierno de cualquier región de Europa ininterrumpidamente desde hace 30 años, conviviendo a la vez con las actividades de un grupo terrorista.
¿Que incentivo hay para que cambien las cosas?
Supongo que con un poco de calma y distanciamiento a nadie se le escapa que la situación del País Vasco es completamente anormal. No hay otra región en el mundo que goce de tal nivel de autogobierno y tal nivel de vida, de comodidad material, que a la vez albergue un movimiento terrorista clandestino.
Por abreviar, dejemos a un lado de momento la cuestión de la nacionalidad vasca, su relación respecto del Estado y otros deseos, y centrémonos en la realidad. El ciudadano vasco, por lo que se entiende la persona residente en el País Vasco independientemente de su origen, lengua, raza, condición, etc., vive, en principio, en unas condiciones reales y actuales de Estado de derecho. Hay un sistema jurídico y legal, un nivel de libertad de prensa, de libertad educativa, de libertad de expresión que son, con sus defectos y todo, comparables al de cualquier sociedad occidental.
Desde ese punto de vista el mayor problema en la vida cotidiana en el País Vasco es ETA.
El motivo es que ETA condiciona toda la vida cotidiana del País Vasco. En una sociedad normal, según el modelo occidental al menos, uno puede disentir sobre cualquier cosa sin necesidad de recurrir a la violencia. Los debates políticos y sociales pueden ser todo lo intensos que se quiera, pero la intimidación a causa de la violencia, implícita contra los que no estamos de acuerdo con los planteamientos del nacionalismo, los corrompe y los invalida.
Sé que a muchos nacionalistas les incomoda oír esto, a algunos hasta les duele, pero a nadie se le escapa que hay cierto solapamiento entre los objetivos políticos de ETA y su entorno, y el partido que gobierna desde Vitoria desde hace casi 30 años. En ese aspecto el País Vasco también es extraordinario: cabría esperar que el partido del gobierno de una región y el movimiento terrorista clandestino de esa misma región tuvieran visiones políticas radicalmente opuestas. Al contrario: si nos ceñimos a cuestiones como la territorialidad o la independencia, sin tener líneas políticas idénticas, a largo plazo sus objetivos son, como mínimo, compatibles.
La cuestión es en qué medida dejan de ser legítimos los deseos políticos del nacionalismo democrático por culpa de ETA. El militante nacionalista podrá aducir que qué culpa tiene él de que exista ETA, que no tiene por qué cambiar de ideales por ETA o, como se ha argumentado en ocasiones, la respuesta "democrática" ante ETA es comportarse con normalidad, como si no estuviera. Pero el hecho es que está. Y resulta imposible legitimar unas aspiraciones políticas de la magnitud de una independencia o una variación de la territorialidad actual, cuando en el mismo bando hay gente blandiendo armas, matando y extorsionando.
El futuro del País Vasco se puede desdoblar en dos aspectos: uno, que el Gobierno de Vitoria tendrá más o menos competencias, y mandará sobre más o menos territorio; y dos, que sus ciudadanos gozarán de un determinado nivel de libertad real a la hora de desarrollar sus vidas. Es evidente que para un individuo la prioridad debería ser el régimen del libertad que disfrute, independientemente de cómo estén repartidas las competencias entre las diversas Administraciones (local, provincial, autonómica, estatal y europea), y por culpa de ETA ahora ese régimen de libertades se debilita día a día. Al simpatizante nacionalista le toca preguntarse en qué condiciones quiere que llegue su sociedad a las puertas de la independencia (o cualquiera que sea su ideal).
Por eso creo que debería constituirse un Gobierno de concentración en Vitoria hasta que desaparezca ETA. Sería una señal clara de que con armas no se llega a ningún lado. Una señal también de que los partidos que representan a la inmensa mayoría de la sociedad vasca tienen en común la idea fundamental e innegociable de que lo primero que se quiere para sus ciudadanos es una sociedad, abierta, libre y democrática, independientemente del estatus jurídico o político que tenga en el futuro.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de Irlanda del Norte en el País Vasco, generalmente de forma sesgada. El Gobierno de esa región es, a todos los efectos, un Gobierno de concentración. Las reglas se han diseñado de forma que hay partidos protestantes y católicos en el Gobierno. Pero aun más importante es una condición que se ha cumplido allí, y que debería tenerse muy presente a la hora de hacer comparaciones: cuando se establecieron las instituciones del Gobierno de Stormont en el Acuerdo de Viernes Santo, fue con la condición de que se suspenderían si una comisión independiente, constituida en virtud de dicho Acuerdo y bajo la dirección de un General canadiense, consideraba que las organizaciones terroristas no se habían desarmado.
Dichas instituciones estuvieron suspendidas cuatro años, entre 2002 y 2006, y el actual gobierno se formó tras el anuncio del Ministro británico para la región en aquel momento, de que se iban a suspender los sueldos de los miembros del Gobierno y la Asamblea de la región.
¿Se imagina alguien hacer lo mismo en Vitoria?
En el País Vasco disfruta del mayor nivel de autogobierno de cualquier región de Europa ininterrumpidamente desde hace 30 años, conviviendo a la vez con las actividades de un grupo terrorista.
¿Que incentivo hay para que cambien las cosas?

